Fuente: SalHaketa Araba
Según fuentes de su propia familia, una persona presa, varón, vecino de Gipuzkoa, apareció el pasado día 8 de febrero de 2014 muerto en su celda en la prisión de Burgos. Se trata de M.V.E., de 22 años de edad, que ya había protagonizado anteriormente algún intento de suicidio. Este hecho luctuoso, no notificado y ocultado por Instituciones Penitenciarias, representa una nueva crónica de muertes anunciadas en las cárceles tal y como hemos venido denunciando. No podemos olvidar que se trata del tercer preso vasco que ha aparecido muerto en una prisión estatal en el último mes, entre el 12 de enero y el 8 de febrero.
Ésta muerte se suma a la otras dos personas, un vecino de Bizkaia, que apareció el pasado día 12 de enero de 2014 ahorcado en su celda también en la prisión de Burgos, era J.G.R., de 25 años de edad, que pronto iba a cumplir el tiempo de la condena por la que se encontraba recluido en prisión. La tercera fue la de B.B.A. vecino de Elorrio, de 36 años de edad, quien después de 13 años en prisión también iba a cumplir su condena y recuperar su libertad el mes de mayo, apareció muerto en su celda en la prisión de Puerto de Santa María I, el 5 de febrero de 2014.
¿Nueva ejecución extra-judicial en las cárceles españolas? Esta nueva muerte en extrañas circunstancias representa una nueva y macabra ejemplificación de la crónica de muertes anunciadas en las cárceles. No podemos olvidar que tenemos constancia de la existencia de más de 38 personas muertas por motivos no naturales durante los cuatro últimos años en las cárceles ubicadas en la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra o de personas vascas presas residentes en Euskadi muertas en otras prisiones del sistema penitenciario español.
Queremos denunciar la sistemática política de ocultamiento de estas muertes de las que no se facilita ningún tipo de información pública, como parte de la estrategia de impunidad ante las muertes no naturales que está acabando con la vida de estos jóvenes en el seno de instituciones públicas con las que mantienen una relación de sujeción especial y cuyo derecho a la salud y a la vida depende única y exclusivamente de las mismas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se ocultan estas muertes? ¿Por qué no se exigen responsabilidades o al menos se investigan? ¿Ocurriría lo mismo si las víctimas fueran otras? ¿Se pueden tolerar impunemente estas muertes en el seno de una institución del estado como es el sistema penitenciario?
Nos preocupa la nula iniciativa de actuación por parte de las autoridades judiciales competentes para esclarecer las circunstancias de estas muertes por causas no naturales, en su gran mayoría de personas jóvenes que no lo olvidemos mantienen una relación de sujeción especial con la administración del estado y, éste, tiene la obligación de garantizar entre otros, su derecho a la vida. Esta situación es inaceptable, sobre todo cuando la mayoría de esas muertes podrían evitarse, simplemente, con la aplicación estricta de la actual legalidad vigente.
Una vez más preguntamos a la Dirección General de Prisiones, al Ministerio de Interior y al Gobierno cómo va a terminar con esta terrible situación. Nos preguntamos cuántas muertes han ocurrido realmente, quiénes eran los muertos, cuales fueron las causas, qué medidas preventivas se establecieron, por qué no se excarceló a personas en avanzado estado de enfermedad, por qué las condiciones de vida en general y sanitarias en particular empeoran, que está haciendo con respecto a el hacinamiento, cómo es posible que haya tantas personas presas con enfermedades mentales graves y la gran mayorías de ellas sin diagnóstico ni tratamiento, por qué no cumple su propia legalidad cuando esta lo es en beneficio de la persona presa y se excede en su cumplimiento cuando lo es en su perjuicio... son demasiadas las preguntas sin responder.
Para acabar con estas muertes reclamamos medidas concretas tales como:
Que el Ministerio Fiscal no se inhiba e investigue de oficio estas muertes la mayoría de ellas en extrañas circunstancias, tal y como le corresponde, para el esclarecimiento de las circunstancias y motivos las mismas, con le fin de depurar las responsabilidades políticas, administrativas y penales que se desprendan de estos hechos.
La inmediata excarcelación de las personas presas gravemente enfermas, en especial aquellas en fase terminal, así como las que padezcan enfermedades mentales que en muchos casos suponen la inducción al suicidio. Estas personas necesitan unos cuidados y un seguimiento médico incompatibles con la cárcel que en muchas ocasiones es genera problemas de desequilibrio y enfermedad mental.
La inmediata reforma de la legislación penal y penitenciaria que alarga innecesariamente las condenas y restringe el acceso a permisos de salida, tercer grado y libertad condicional que son las formas de cumplimiento más acordes con el objetivo final que la ley otorga a las penas privativas de libertad y que contribuyen a disminuir la presión y mal trato psicológico que sufren las personas presas.
La reducción del número de reos hasta la capacidad óptima de cada prisión para evitar la actual masificación, que aunque no es el único, si es uno de los motivos que influye en estas muertes, así como el cumplimiento de las condenas en la el centro más cercano al lugar habitual de residencia.
El final de los regímenes de incomunicación y aislamiento. Estos espacios de impunidad para torturas y/o malos tratos, son a la vez son espacios de riesgo para la aparición y/o agravamiento de determinadas enfermedades mentales, lo que significa que, de por sí, el aislamiento es una tortura psicológica a erradicar.
Tenemos constancia de la existencia de más de 38 personas vascas muertas por motivos no naturales durante los cuatro últimos años en las cárceles
